Pese a los esfuerzos del gobierno de la denominada Cuarta Transformación por limpiar las aduanas, a mitad de sexenio no se ha logrado frenar la corrupción, delincuencia y los ilícitos en el ejercicio del servicio público.
La Administración General de Aduanas (AGA), que será la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), es la que más denuncias tiene contra servidores públicos ante el MP y el Órgano Interno de Control (OIC) por faltar a la legalidad, lealtad, imparcialidad, honradez y eficiencia en la función pública.
Consultores en comercio exterior consideraron que la nueva agencia no necesariamente tendrá como principal objetivo acabar con la corrupción que priva al interior de las aduanas.
En el primer semestre de este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) denunció ante el Ministerio Público (MP) a 33 empleados y de manera interna a otros 335.
De 33 demandas penales que interpuso al cierre de junio del presente año, 21 fueron contra trabajadores de la AGA, y de las 335 que recibió el OIC, 158 correspondieron a esta área.
Los delitos por los que se procedió ante el MP son delincuencia organizada, ejercicio ilícito del servicio público y equiparable a contrabando.
El gobierno de Enrique Peña Nieto cerró el último año de su sexenio con un total de 75 querellas; de éstas, 25 fueron contra empleados de las aduanas, mientras que de las 637 denuncias internas, la mayoría —270— fueron por faltas de conducta de servidores de esa área.
Ya en el primer año completo de la 4T, en 2019 las peticiones de investigación de malos servidores bajaron a 46 ante el MP, de las cuales, 20 estaban relacionadas con personal de aduanas, y de las 370 en el OIC, 137 eran provenientes de la AGA.
Para 2020 se interpusieron un total de 90 demandas y de éstas, 48 fueron contra trabajadores de las aduanas del país; ante el OIC sumaron 654, de las cuales, 492 señalaron a empleados de esas unidades por diversas responsabilidades administrativas.
SAT aduanero
Dar autonomía a aduanas y sacarla del SAT no tiene como objetivo acabar con la corrupción.
Magdalena Macías, presidenta de la Comisión de Comercio Exterior en el Colegio de Contadores Públicos, expresó que suena absurdo que se haya creado esta agencia para combatir la corrupción, porque es una función del gobierno a través de las instancias que ya existen.
Consideró que más bien será una especie de SAT aduanero.
No le preocupa que la nueva agencia vaya a recaudar el IVA que se genera por parte de las aduanas, porque al final de cuentas todo los recursos se van a una misma bolsa para destinar las partidas presupuestarias.
Comentó que el reglamento del SAT fue modificado para señalar que algunas funciones que eran propias del fisco serán sólo de parte de las aduanas.
Pero aún faltan muchas disposiciones en las que se podrán determinar si es que el IVA, por ejemplo de los pedimentos para las importaciones, seguramente en automático se irá al SAT.
“No creo que la agencia vaya a ser la administradora del IVA; serán algunas de las cosas que se van a regular en los próximos meses”, estimó.
La consultora de comercio exterior mencionó que la semana pasada se dieron los primeros pasos en cuanto a la transición de funciones para empezar a arrancar la ANAM.
Es como si una empresa ya cuenta con el acta constitutiva y se le están transfiriendo recursos, en este caso del SAT, para empezar a trabajar.
Operativamente las empresas se van a enfrentar a cambios importantes en cuanto a qué tarea le corresponde a quién, porque antes de la creación de esta agencia las tenía el Servicio de Administración Tributaria.
Hay un reto muy grande de parte del gobierno y para los particulares en este periodo de transición, porque los sistemas, la ventanilla única y los trámites están unidos al SAT, advirtió.
“La realidad es que operativamente separar eso es complejo, pero en la medida en que se vaya aterrizando se darán cambios con la transición”, consideró.
El que la ANAM cuente con personal de las Fuerzas Armadas en funciones o en retiro, dijo que se está legitimando algo que sucede, porque en algunas aduanas hay vigilancia de los marinos y apoyo de los militares.
“Da un punto de certeza jurídica, pero no creo que vaya a ser totalmente operada por personal militar, porque sólo se encargarán de la seguridad en el tránsito legal de las mercancías y personas”, ponderó.