Altos Hornos de México (AHMSA) se encuentra en una situación financiera crítica, advierten miembros de la industria.
Lo increíble es que su dramática situación se presenta tras dos años de auge en los precios del acero, de los que se beneficiaron la mayoría de las empresas del sector.
Pero AHMSA no les pudo sacar provecho. En el tercer trimestre del año, tuvo un flujo negativo de 91 millones de dólares y una pérdida neta de 202 millones de dólares.
Hoy enfrenta problemas para cubrir su capital de trabajo, batallando para cubrir costos operativos tan básicos como el servicio eléctrico y el transporte.
«Es increíble que no puedan pagar los recibos de la CFE (Comisión Federal de Electricidad); eso te dice mucho sobre la situación de caja», señaló un proveedor.
El pasado 1 de diciembre, la compañía que preside Alonso Ancira dio a conocer que la CFE le había suspendido el servicio.
Según la CFE, a pesar de haber abonado parte de los adeudos, AHMSA aún les debía 127 millones de pesos.
La acerera solicitó una prórroga para dejar de pagar un semestre y establecer un esquema de abonos.
Según directivos de AHMSA, el pago de 54 millones de dólares a Pemex por una segunda cuota de un acuerdo reparatorio del 2021, por la presunta venta fraudulenta de AgroNitrogenados, les quitó liquidez.
Desde el 19 de abril del 2021, Alonso Ancira abandonó el Reclusorio Norte tras acordar la reparación de un daño a Pemex por 216 millones 664 mil 40 dólares por la venta de esa planta «chatarra» durante la gestión de Emilio Lozoya, actualmente en prisión preventiva.
Por otro lado, los transportistas de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), que tienen relaciones crediticias con AHMSA, manifiestan preocupación, ya que la siderúrgica les debe entre 60 y 70 millones de pesos.
En una carta a la opinión pública, Luis Zamudio Miechielsen, director general de AHMSA, expuso que la empresa enfrentan acciones agresivas de la CFE, en represalia a una demanda que le interpuso la acerera por daños y perjuicios por 700 millones de dólares.
La demanda obedece a la cancelación «unilateral e ilegal» de contratos de suministro de carbón para dos plantas de la CFE en Nava, Coahuila.
Francisco Orduña, vocero de AHMSA, indicó que el «invento de un delito» los llevó a perder clientes, proveedores y financiamiento, pues el Gobierno les pone trabas para trabajar y ha generado desconfianza entre los inversionistas, lo que dificulta una negociación para vender la empresa acerera.
