Organizaciones civiles entregan 90,000 firmas al Senado de México para prohibir constitucionalmente el ‘fracking’ del agua. Advierten sobre el riesgo ambiental y de salud que representa esta práctica, que utiliza entre 9 y 29 millones de litros de agua por pozo.
Las demandas de la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF) y Avaaz coinciden con la creación de una nueva Ley General de Aguas en el Congreso mexicano, tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los activistas destacan que otros países ya han prohibido el ‘fracking’ y esperan que México siga ese ejemplo.
El senador de Morena, Gabriel García, respalda elevar la prohibición a rango constitucional. Avaaz ha denunciado una inversión constante en ‘fracking’ durante la administración de López Obrador, incluyendo 4,063 millones de pesos (unos 238 millones de dólares) destinados a proyectos en 2024.
