La jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo ha emitido una orden de prisión formal contra ocho militares acusados de participación en el delito de delincuencia organizada en relación con el caso Ayotzinapa. Esta decisión se fundamenta en los testimonios proporcionados por los testigos protegidos «Carla» y «Neto», quienes alegan que los militares recibían sobornos del grupo criminal Guerreros Unidos.
Los abogados de los militares consideran que esta medida es injusta y se basa en pruebas inconsistentes. Planea interponer un recurso de apelación y un amparo para que sus clientes puedan enfrentar el proceso en libertad. Actualmente, los militares se encuentran detenidos en el Campo Militar 1A de la Ciudad de México. Se espera que en las próximas semanas la defensa presente pruebas en su favor y se resuelva el amparo interpuesto.
Los militares habían sido liberados bajo fianza en enero después de permanecer detenidos desde junio del año anterior, pero ahora han sido recluidos nuevamente en prisión. El caso Ayotzinapa se refiere a la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, México, ocurrida en septiembre de 2014, lo cual generó una gran conmoción y protestas tanto a nivel nacional como internacional.
Anteriormente, en junio de 2023, los mismos militares fueron arrestados por su presunta implicación en la desaparición de los estudiantes normalistas. La Fiscalía General de la República (FGR) los acusó de delincuencia organizada, basándose principalmente en los testimonios de los testigos protegidos «Carla» y «Neto», quienes afirmaron que los militares colaboraban con el grupo criminal Guerreros Unidos.
La decisión de emitir el auto de formal prisión, realizada el 7 de febrero de 2024 por la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, se sustentó en la evaluación de las pruebas presentadas por la FGR, que incluyen los testimonios mencionados, así como otras pruebas periciales y documentales.
