El gobierno mexicano planea establecer un fondo inicial de 64.000 millones de pesos al año (equivalente a más de 3.750 millones de dólares) para respaldar la nueva reforma de pensiones propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, anunció el miércoles que estos recursos provendrán principalmente del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, encargado de administrar los activos confiscados al crimen organizado.
Además de los fondos mencionados, se utilizarán los ingresos de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, la venta de terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), así como el cobro de deudas pendientes de entidades públicas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la seguridad social.
Aparte de este fondo inicial, se contempla la asignación de recursos adicionales provenientes de la extinción de fideicomisos del Poder Judicial y la eliminación de reguladores autónomos, así como el 25 % de los beneficios generados por las empresas paraestatales administradas por el Ejército y la Marina.
