En México, el crimen organizado vende alrededor de 340,000 barriles diarios de combustibles ilegales, cantidad equivalente a la capacidad de producción diaria de la refinería Dos Bocas. Este fenómeno constituye al menos el 30% del mercado de combustibles en el país, afectando adversamente la competitividad y el desarrollo del sector gasolinero, así como generando pérdidas significativas para el sector privado y la recaudación fiscal.
Durante una reciente conferencia, representantes de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) subrayaron que el problema va más allá del robo de combustible de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), incluyendo también el «huachicol fiscal», que implica el contrabando de productos bajo pretexto de otras justificaciones sociales, así como las mezclas ilegales que ocurren en diferentes puntos de la cadena de suministro, especialmente en instalaciones de autoconsumo.
Jorge Mijares, presidente de Onexpo, señaló la existencia de «importaciones sospechosas» de combustibles, y mencionó que han mantenido reuniones con la Secretaría de Energía (Sener) para abordar y resolver estos problemas, así como otros desafíos pendientes del sector.
Roberto Díaz de León, ex presidente de Onexpo, reconoció los esfuerzos del gobierno federal en la lucha contra estos delitos, destacando que sin estas acciones, el problema sería aún más grave.
