La Fiscalía General de la República (FGR) no tiene ningún impedimento legal ni necesita el permiso de alguna autoridad extranjera para imputarle a Emilio Lozoya cualquier delito distinto a los de su extradición.
Al pactar en España su allanamiento a la extradición con la FGR, el ex director de Pemex renunció al denominado «principio de especialidad», que hubiera impedido a las autoridades mexicanas juzgarlo sin el permiso del país europeo.
Autoridades federales explicaron que este «candado» fue abierto por el propio Lozoya porque el Tratado de Extradición entre México y el Reino de España establece que si el sujeto reclamado consiente ser extraditado, no es aplicable la regla de especialidad.
Es decir, que a diferencia de otros casos de extraditables, la Fiscalía no necesita pedirle al gobierno español su autorización para imputarlo y llevarlo a juicio por hechos distintos a los casos Odebrecht y Agronitrogenados, los únicos por los que hoy está procesado.
El principio de especialidad no siempre es fácil de sortear para los gobiernos, como ocurrió en el caso de Javier Duarte, quien también regresó a México tras allanarse a la extradición.
Guatemala autorizó la entrega del ex Gobernador veracruzano para ser juzgado por tres causas penales. Pero en el Tratado de Extradición suscrito con esta nación de Centroamérica, la regla de especialidad no es renunciable.
Por eso, cuando Duarte ya estaba procesado en el Reclusorio Norte, la FGR solicitó a Guatemala su autorización para imputarle ante un juez un nuevo caso por delitos electorales, pero el país vecino negó su aval argumentando que el ilícito no lo tenía contemplado en su Código Penal.
Pero en el caso de Lozoya, técnicamente la FGR está en condiciones de llevarlo a los tribunales sin esta aduana legal y solicitar su procesamiento, e incluso la prisión preventiva, por al menos tres carpetas de investigación que tiene en curso.
Una es por el caso Fertinal, otra por la compra de un astillero en España que ocasionó pérdidas por 50 millones de euros y la más reciente es por una presunta defraudación fiscal de poco más de 2 millones de pesos.
