El edificio central del Poder Judicial de la CDMX, ubicado en Niños Héroes 150, en la Alcaldía Cuauhtémoc, es limpiado por personal que no cuenta con contrato ni seguridad social.
El servicio lo ofrece una empresa subcontratada que ha cambiado de razón social tres veces en dos años: de Rapax a Semalyn y, ahora, a Ocram Seyer.
Una de las cerca de 30 limpiadoras, quien prefiere reservar su nombre, entró a trabajar en 2021 sin prestaciones, sin contrato, pero sí con un descuento quincenal de 400 pesos que siguen sin explicarle a cuenta de qué es.
«Aquí nada de papeles, es algo así (como) de fantasmas», dijo la mujer, de 51 años.
En enero, con el más reciente cambio de razón social, a ella y a sus compañeras las dieron de alta el IMSS, pero un mes después vino la baja.
Para Angélica González, abogada con perspectiva de género especializada en la defensa de derechos laborales, lo que ocurre en la llamada Ciudad Judicial es un ejemplo de las artimañas a las que recurren las empresas para que su plantilla no genere antigüedad.
«Desde que empezaron a surgir estas empresas contratistas, su máximo negocio es esto: no inscribirlas en el Seguro Social y con eso evitarse el pago de las cuotas y pues también el que no tengan los derechos que tendrían por la seguridad social», refirió.
Y todo ocurre a pesar de las reformas legales implementadas en abril de 2021 y que buscaban frenar los abusos y las violaciones a los derechos laborales.
Sin descanso
Jornadas extenuantes, falta de seguridad social, descuentos injustificados y cambios de razón social son algunas de las condiciones en que labora personal de limpieza del Poder Judicial en la Ciudad de México.
«Parecía uno como esclavo porque corre pa’ca y corre pa’lla y vete a este piso y ahora haz allá, sin descanso», recordó a una empleada a quien le tocaba limpiar 52 oficinas de alrededor de dos metros por dos cada una, así como una recepción, un baño y un pasillo a diario.
María, pasó dos años esperando a que le dieran IMSS y mejor renunció porque nunca ocurrió. No le daban recibo de nómina y cuando quiso reclamar los descuentos injustificados no encontró las oficinas de la empresa en la dirección que señalaba su credencial, dijo.
«Cada quincena renuncia mucha gente por lo mismo de que pues nomás nos engañan».
Al menos dos mujeres más con las que tuvo contacto REFORMA renunciaron por la falta de seguro y una serie de abusos como cambios repentinos de turno.
Una de ellas señaló que con la empresa Rapax le descontaron 700 pesos sin justificarlo y aunque le dieron Seguro Social cinco meses al cambiar de razón social se lo quitaron; descansaban un día y las hacían ir a trabajar un domingo un fin de semana y el otro el sábado.
Las jornadas laborales eran extenuantes, pues es insuficiente el personal para los 11 niveles que tiene el edificio, recordó.
Falta de derechos
No sólo les niegan el acceso a la salud al no inscribir al personal al Seguro Social, sino a estancias infantiles, incapacidades y otros derechos.
Está situación está focalizada, señaló la especialista, en sectores de alta vulnerabilidad.
Las mujeres suelen ser más susceptibles a trabajar para estas empresas y se aprovechan de vulnerabilidades como su grado escolar, que son jefas de familia o tienen mucha necesidad.
También adultos mayores que vivieron una situación laboral precaria durante toda su vida, son susceptibles porque no tienen una jubilación y requieren sustentarse, así que siguen enfrentando situaciones desfavorables en el trabajo, precisó González.
Aunque las personas son subcontratadas, en ese edificio el Poder Judicial sigue teniendo responsabilidad, afirmó la abogada.
Tania Espinosa, coordinadora para América Latina de Wigo, señaló que con las modificaciones al outsourcing de acuerdo con la Reforma Laboral en México personal de este tipo de empresas de limpieza debería contar con seguridad social.
