Con 90 votos en favor y cero en contra, el pleno del Senado aprobó tipificar la cohabitación forzada de menores de 18 años de edad –popularmente conocido como matrimonio infantil— con una pena de 8 a 15 años de prisión y multa de mil días de trabajo.
Datos del Censo de Población y Vivienda refieren que más de 230 mil niñas de entre 12 y 17 años, se encontraban casadas unidas en 2020.
El más reciente caso afloró en la montaña de Guerrero, donde una menor de edad fue forzada a contraer matrimonio, pero el marido emigró a los Estados Unidos y el suegro amagó con quedarse con la jovencita, y cuando ésta se rehusó, fue apresada por las autoridades comunitarias y fue encarcelada junto con su madre.
De acuerdo con el dictamen aprobado, se consideraría como «sujeto activo a quien obligue o induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas (menores de 18 años) a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con persona mayor de 18 años de edad, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio».
«Este cohabitar forzoso entre un adulto y una niña debe acabar. Es un horror, estamos entre los primeros ocho países del mundo en matrimonio infantil», advirtió la senadora panista Josefina Vázquez Mota.
Por el PRI, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín hizo notar que las jovencitas se ven forzadas a prestar favores sexuales y a mantener el hogar. «Este flagelo ocurre y se ceba en las mujeres fundamentalmente. Así es que no haya para dónde hacer: no solamente tenemos que aprobarlo, sino asegurarnos su rápida difusión y que su aplicación no dependa del puro interés de satisfacer las necesidades electorales.
La petista Geovanna Bañuelos explicó que los legisladores tenían el deber de impulsar reformas que ayuden a eliminar las prácticas que atentan contra las niñas, notoriamente, el matrimonio forzado de menores.
Los senadores también aprobaron un dictamen en materia de investigación, sanción y reparación integral del feminicidio, para «responder a la necesidad de adoptar nuevas medidas que garanticen la integridad y protección de las mujeres».
«Es urgente legislar en materia de violencia feminicida, especialmente para su investigación, su sanción y la reparación integral del daño», expuso la senadora Olga Sánchez Cordero.
Con arreglo al dictamen aprobado, las penas se agravarán en aquellos casos de feminicidio en los que las víctimas sea personas menores de edad, personas embarazadas, adultas mayores o con algún tipo de discapacidad.
Sánchez Cordero comunicó al pleno que se sentía «sumamente tranquila» como consecuencia de que había sido sentenciado el feminicida de Mariana Lima, sujeto que desde hace doce años carecía de sentencia.
