Aunque María Elena Álvarez-Buylla, titular del Conacyt, declaró que no está para “acusar absolutamente a nadie”, y que el Conacyt afirmó que “presentó una denuncia de hechos, sin señalar a persona alguna”, eso no sucedió así. De hecho, en esa denuncia, los 31 científicos y ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT) no fueron los únicos miembros de la comunidad científica imputados. En una primera lista, Conacyt señaló a 52, entre ellos a Víctor Manuel Villalobos Arámbula,actual secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Sin embargo, ese listado disminuyó a 36 e incluía a Leticia Myriam Torres Guerra, científica muy cercana a Álvarez-Buylla y nombrada en esta administración como directora del Centro de Investigación en Materiales Avanzados (Cimav), pero al final, ambos personajes cercanos a la autonombrada Cuarta Transformación quedaron fuera de la investigación.
El 10 de julio de 2020, Rosenda Cruz Vixtha, apoderada legal del Conacyt, inició un proceso contra del FCCyT, bajo el argumento de que el organismo fue constituido como asociación civil y operaba fuera de la norma desde su creación en 2002.
Cruz Vixtha presentó una denuncia ante la FGR y en ella enlistó 24 hechos con los nombres de 52 científicos, adjuntó 30 “elementos probatorios” e indicó que por la situación descrita en la denuncia, los mencionados habrían estado frente a cuatro posibles delitos: Coalición de Servidores Públicos, Uso indebido de atribuciones y facultades, Uso ilícito de atribuciones y facultades, así como Peculado.
Se tuvo acceso a esa denuncia y al expedienteformulado por la FGR —encabezada por Alejandro Gertz Manero nombrado como miembro del Sistema Nacional de Investigadores pese a las inconsistencias encontradas en su producción científica—.
Entre los hechos enlistados está que “el 28 de agosto de 2002, funcionarios públicos del Conacyt integrantes de la Comisión Asesora de la Junta de Gobierno del Conacyt, sin fundamento legal alguno, acordaron someter a consideración de la Junta de Gobierno del Conacyt establecer en el artículo 22 del Estatuto Orgánico del Conacyt que una asociación civil materializaría los actos del Foro, lo cual era ilegal, toda vez que ni la Ley de Ciencia y Tecnología ni la Ley Orgánica del Conacyt permitían dicho supuesto”.
En ese hecho clasificado como el tres, se incluyeron los nombres de Alejandro Romero Guiño, que actualmente labora en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), como Administrador Desconcentrado Metropolitano de Recaudación; el físico Eugenio Cetina Vadillo, la bióloga Irene Pisanty Baruch, el médico cirujano Manuel Ruiz de Chávez, el astrónomo Alfonso Serrano Pérez-Grovas y el abogado Francisco Ciscomani Freaner, entre otros.
El 12 de septiembre de 2002 Conacyt en su cuarto hecho, señaló: “funcionarios públicos del Conacyt aprobaron mediante Junta de Gobierno la reforma al artículo 22 del Estatuto Orgánico del Conacyt para establecer la posibilidad de que una asociación civil materializara las funciones del Foro” y detalló que quienes lo hicieron posible fueron Víctor Manuel Villalobos Arámbula, nombrado hace tres años por el presidente Andrés Manuel López Obrador titular de la Sader; Francisco Barnés de Castro, ingeniero y exrector de la UNAM; el matemático José Antonio de la Peña, el bioquímico Luis Herrera Estrella, el abogado Carlos Arce Macías, el neurólogo Julio Everardo Sotelo Morales, Francisco Reyes Baños, el físico Eugenio Cetina Vadillo, el médico Malaquías López Cervantes, el ingeniero José Luis Fernández Zayas y el ingeniero químico Leopoldo Rodríguez Sánchez.
Cruz Vixtha apuntó en el hecho 14, que durante 17 años el FCCyT “ha recibido a través de dos fondos del Conacyt (Fondo Institucional del Consejo, FOINS, y el de Apoyos para actividadescientíficas, tecnológicas y de innovación, F002), previo acuerdo de los miembros que conformaron sus respectivos Comités Técnicos y de Administración, más de 471 millones 800 mil pesos”
En el número 19, se indicó que las personas mencionadas en los hechos y que otros “pudieran resultar responsables” por promover la transferencia de recursos públicos al FCCyT.
Pese a los elementos incluidos en la denuncia y tras darse a conocer la situación de los científicos en medios de comunicación, el Conacyt afirmó en un comunicado del 22 de septiembre de este año que “la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conacyt presentó una denuncia de hechos, sin señalar a persona alguna, ante el Ministerio Público y el Órgano Interno de Control”.
Además de lo aseverado por Conacyt, un día después, Álvarez-Buylla acudió al lanzamiento del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo-I y en breve encuentro con los medios declaró no saber nada del caso de los miembros de la comunidad científica.
“No sé de qué me hablas. Yo no vine a apoyar el primer gobierno de la cuarta transformación a acusar absolutamente a nadie. Nosotros no somos entidades que estamos ni capacitadas ni con atribución ni tenemos la responsabilidad”, dijo la funcionaria.
En la denuncia del Conacyt también se solicitó girar “los oficios al SAT solicitando un reporte fiscal que señale todos y cada uno de los ingresos que ha tenido la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. desde su alta en el SAT hasta la fecha”.
Tras la denuncia del Conacyt, la FGR inició una investigación, de los 52 miembros de la comunidad científica y funcionarios realizó una segunda lista en la que únicamente pidió investigar a 36. Como se repitió el nombre de María Dolores Sánchez Soler y María Mónica Ramírez, la lista se redujo a 34.
El número 4 de la lista estaba ocupado por Leticia Myriam Torres Guerra, quien tiene una amistad cercana con Álvarez-Buylla y fue designada como directora general del Centro de Investigación en Materiales Avanzados (Cimav) para el periodo 2019-2024, cargo por el que tiene una salario bruto mensual de 131 mil 681 pesos.
En un documento de la Fiscalía del 18 de mayo de 2021 se indicó que los agentes ministeriales se trasladaron al domicilio de Torres Guerra en la colonia Residencial San Jerónimo, en Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, sin explicación, Torres Guerra, así como la doctora Elsa Margarita de Lourdes Blum Valenzuela y el ingeniero Hugo Sánchez Moreno fueron eliminados de la lista.
El listado final con los 31 imputados fue el único que la FGR presentó ante un juez para que se les giraran órdenes de aprehensión y colocarlos en el Penal del Altiplano, Estado de México, de máxima seguridad.
Si bien el Conacyt había señalado cuatro posibles delitos; la Fiscalía cambió los dos primeros por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Delincuencia Organizada, esto a pesar de haberse indicado que el presupuesto del FCCyT provenía de los fondos FOINS y F002 del Conacyt.
