Con el objetivo de que en los próximos años las viviendas sean adecuadas, sostenibles y asequibles, y que vayan creciendo de forma ordenada con la expansión de la mancha urbana, en la Cámara de Diputados se trabaja en una nueva agenda urbana.
Lilia Aguilar Gil, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Cámara, aseguró que con dicha agenda se prevé establecer estándares y principios para la planificación, construcción, desarrollo, gestión y mejora de las áreas urbanas.
De ese modo, dicha agenda contempla aspectos como políticas urbanas nacionales; legislación y regulaciones urbanas; planificación y diseño urbano; economía local y finanzas municipales, e implementación local.
Aguilar Gil comentó que actualmente hay diversas comisiones trabajando con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y ONU Hábitat para establecer una nueva política de desarrollo urbano.
Sostuvo que con esto se busca garantizar que las viviendas cuenten con los servicios públicos necesarios, que estén cercanas a los centros de trabajo y que sean económicamente accesibles para la población.
Indicó que uno de los principales retos es el cambio de paradigma de que la vivienda no es una mercancía, sino un derecho accesible para todos.
«El segundo reto es la especulación del suelo que provoca un alza en el precio de la vivienda y en los predios donde se hacen desarrollos sostenibles, para dotar de escuelas, áreas de usos común, gimnasios, entre otros, dado que se vuelven más caros», enfatizó.
La legisladora estimó que actualmente entre el 85 y 90 por ciento de la vivienda social tiene algún tema de falta de servicios, se encuentra lejos de centros urbanos, o no ofrecen un desarrollo social y cultural, entre otros.
En el País, actualmente hay 7 millones de viviendas abandonadas y más de 2 millones de hogares que no están escriturados ante institutos públicos, lo que se traduce trabajar en adecuaciones que permitan revertir dichas estadísticas.
