La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) ha solicitado la suspensión de la elección judicial programada para junio, argumentando problemas logísticos, la complejidad del modelo de votación, el diseño de la elección y las amenazas a la independencia judicial.
La Jufed advirtió a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional sobre las serias irregularidades y riesgos asociados con la elección de jueces bajo la reforma judicial impugnada. Según la asociación, este proceso no democratiza el Poder Judicial, sino que expone su independencia a influencias políticas, vulnera los derechos humanos y socava la confianza en la República, por lo que debería ser suspendido.
El organismo también señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha reconocido públicamente los serios desafíos logísticos derivados de un recorte presupuestal del 52% impuesto por el Congreso de la Unión. Este ajuste ha obligado a reducir el número de casillas al 43% de lo planeado originalmente y a operar con menos de la mitad del personal electoral necesario para garantizar una votación segura y transparente.
Jufed destacó la falta de revisión del padrón electoral y la disminución de recursos materiales, lo que compromete la calidad del proceso electoral y facilita irregularidades como el acarreo, la compra de votos y la desigualdad en los porcentajes de votación entre los distintos cargos.
Asimismo, advirtió que no existen precedentes en el marco electoral para este tipo de procesos, y que la complejidad del modelo de votación, con seis boletas diferentes y hasta 60 candidatos por cargo, podría confundir a los votantes y fomentar un voto superficial e inadecuado.
Consejeros electorales del INE han admitido que la participación ciudadana podría reducirse a niveles históricos, con menos del 10% del padrón votante. Por ello, Jufed reiteró su compromiso de seguir actuando en el ámbito nacional y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha expresado su preocupación por las implicaciones de esta modificación constitucional en el Estado de derecho.
