Un grupo de 20 familias de víctimas de la Línea 12 del Metro aceptará apegarse a la reparación del daño que solicitaron los 10 exfuncionarios imputados en el expediente por el colapso del tramo elevado el pasado 3 de mayo, como parte del mecanismo de solución de controversias para evitar un juicio, señaló el abogado Cristopher Estupiñán, quien representa a los afectados.
“Nosotros ya comparecimos al Ministerio Público para informar que estamos de acuerdo con escuchar y participar en estos mecanismos. Que es lo que la fiscal propuso para las empresas.
“No ganamos nada con ver a ocho imputados con más de 70 años tras las rejas, o desahogando un proceso penal [largo] y luego con puros funcionarios, cuando sabemos que aquí los responsables son las empresas. Por qué quieren [la fiscalía] llevar a mecanismos de solución a las empresas que ni siquiera se han acercado [a las víctimas] y no llevarlos a una imputación cuando están todos los elementos para imputarlas”, expuso.
Previo a la audiencia por la Línea Dorada, que se realizará el viernes y de la cual prevén solicitar una nueva prórroga al Juez de Control, el litigante adelantó que se encuentra lista la denuncia penal en contra de las firmas constructorasCarso, ICA y Alstom por los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad, todos culposos, pues dicho consorcio no fue imputado por ninguna responsabilidad en el expediente CI-FICUH/STCMP/UI-3 C/D/00045/05-2021.
En entrevista comentó que ya comparecieron ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para informar que están de acuerdo en escuchar a los imputados Enrique Horcasitas Manjarrez, Juan Antonio Giral y Mazón, Moisés Guerrero Ponce, Juan Carlos Ramos Alvarado y Enrique Baker Díaz, por nombrar algunos exfuncionarios, como parte del mecanismo alternativo.
Lo anterior implica que se derive a la Unidad de Mediación en donde iniciarán el proceso para la justicia alternativa, es decir, un mecanismo de solución de controversias contenido en la Ley de Justicia Alternativa del Poder Judicial de la Ciudad de México, en donde se busca la mediación entre las partes involucradas para llegar a un acuerdo y se decrete la suspensión del juicio.
Estupiñán añadió que luego de haber comparecido ante el Ministerio Público, se anexaron fojas al expediente en donde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi) capitalina informó que sus representados no estaban interesados en iniciar con las mediaciones.
El abogado consideró que esto muestra el contubernio entre las autoridades para que las víctimas no lleguen a una verdadera justicia alternativa y sean expuestas a un juicio de varios años.
En el expediente se puede leer que la Ceavi argumentó que sus representados, es decir, una treintena de víctimas, había referido al organismo no participar en la mediación: “Nos han manifestado nuestros representados que por el momento no están interesados en someterse al inicio del mecanismo alternativo, señalando que si dicha situación cambiara, acudiremos a hacerlo del conocimiento de esta representación social (sic)”.
Ante esto, Estupiñán contó que buscó a una de las víctimas que le fue retirada durante la audiencia pasada y que ahora están bajo la representación de la Ceavi para saber por qué no había aceptado iniciar el proceso de mediación, por lo que ésta le señaló que nunca se lo consultaron.
“No hay una justicia pareja, ni intervención pareja, está siendo a modo y no se les está informando a las familias lo que está sucediendo”, aseguró el litigante.
Comentó que la carpeta de investigación de la FGJ “está desorganizada, no están los expedientes clínicos completos, no hay investigación exhaustiva, no se ha llamado a empresas, no se han obtenido todos los datos de prueba en los que se desmiembre todos los participantes en la obra”, además, el lunes les entregaron un nuevo tomo del expediente, el cual no tendrán tiempo de analizar por la audiencia.
