Después de que la industria armamentista de Estados Unidos negara que existan «prácticas de negocio negligentes» en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió que no está en contra del tráfico de armas y lo único que busca es un comercio responsable.
«Esta demanda no está en contra del comercio de armas, lo que busca un comercio responsable en donde si en verdad las empresas demandadas se rigieran por la ley, tendrían prácticas comerciales más estrictas», señaló.
A través de un comunicado, la dependencia federal aseguró que probará en la Corte de Estados Unidos que las empresas demandadas, por el gobierno mexicano, incurren en prácticas ilícitas y negligentes.
«En el litigio se probará que las empresas incurren en prácticas ilícitas y negligentes. La Corte conocerá los hechos y las evidencias, no los mensajes superficiales que pretenden legitimar su enriquecimiento desmedido a costa de la muerte de cientos de personas» dijo.
Por ello, afirmó que los involucrados y la industria de comercio de armas tratarán de deslindarse de cualquier responsabilidad en «el tráfico ilícito de sus armas a México y de los daños que estas ocasionan».
Incluso, recordó que casi todas las armas recuperadas en las escenas del crimen del país -entre 70% y 90% de ellas- fueron traficadas desde Estados Unidos.
La SRE detalló que las acusaciones son en contra de seis fabricantes de armas en Estados Unidos: Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger. Otro fabricante, dijo, es Barrett, «cuyo rifle de francotirador de calibre .50 es un arma de guerra apreciada por los cárteles de la droga».
«Los Demandados producen más de 68% de esas armas traficadas de origen estadounidense, lo que significa que anualmente venden más de 340 mil armas, las cuales fluyen de sus plantas en Massachusetts y otros estados de EUA hacia criminales al sur de la frontera», sostuvo.
Esta tarde, la Fundación Nacional de Tiro Deportivo (NSSF, por sus siglas en inglés) rechazó que se cometan «prácticas de negocio negligentes» y culpó a los cárteles mexicanos por la violencia que existe en el país.
«Las acusaciones de tráfico transfronterizo de armas al por mayor son evidentemente falsas», indicó.
Lawrence G. Keane, vicepresidente Senior y Asesor Jurídico de NSSF, refirió que el gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras.
“La actividad criminal de México es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado que plagan a los ciudadanos de México. Son estos cárteles los que hacen un uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al ejército mexicano y a las fuerzas del orden público», apuntó.
