Otra vez la Corte frenó un proyecto presidencial.
Por seis votos contra cinco, el máximo tribunal echó abajo el decreto que buscaba agilizar obras insignia de la 4T con permisos exprés y opacidad de información.
El voto decisivo lo dio la Ministra Margarita Ríos Farjat, quien apoyó el rechazo al acuerdo presidencial publicado en noviembre de 2021, que obligaba a las dependencias federales a expedir en «fast track», en un máximo de cinco días, permisos de hasta 12 meses para obras prioritarias del Gobierno morenista, como el Tren Maya o la Refinería Dos Bocas.
La decisión no afecta permisos ya aprobados pues no tiene carácter retroactivo.
El Ministro Juan Luis González Alcántara fue quien presentó el proyecto para invalidar el acuerdo presidencial que fue revisado en la Corte a petición del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
González Alcántara apenas logró la mayoría suficiente para su propuesta de que los efectos «entre partes» deben llevar a la eliminación del acuerdo, porque estaba dirigido exclusivamente a una de las «partes», es decir, a las dependencias del Ejecutivo.
«El acuerdo fue expedido por el Poder Ejecutivo, que es la parte demandada, y dicho acuerdo es una instrucción a las dependencias y entidades que forman parte de dicho Poder. Si el efecto de la sentencia es invalidar el acuerdo respecto del Ejecutivo, y el acuerdo iba dirigido a las dependencias y entidades que son parte del Ejecutivo, el acuerdo se invalida en su totalidad», explicó González Alcántara.
Debido a que el decreto invalidado clasificaba las obras prioritarias como de seguridad nacional, el INAI estaba impedido para exigir que la información fuera desclasificada y dada a conocer públicamente.
El proyecto que propinó un revés definitivo al Gobierno del Presidente López Obrador alcanzó la mayoría suficiente de seis votos, contra cinco de ministros. Además de Ríos Farjat los otros cinco ministros que invalidaron el acuerdo fueron el ponente González Alcántara, Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez y la presidenta Norma Piña.
González Alcántara aclaró que la sentencia no tiene efectos retroactivos, es decir, no afecta permisos provisionales que se hubieran expedido con base en ese acuerdo. El único que se conoce públicamente es el que se otorgó para el Tramo 5 del Tren Maya.
«Sería delicado, en atención a la legitimidad de este Tribunal Constitucional excedernos más allá de lo que el marco Constitucional nos permite», pidió Arturo Zaldívar, al oponerse a lo que consideró efectos generales de la sentencia.
