Luego de una denuncia de la directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez–Buylla, contra el Foro Consultivo Científico y Tecnológico —ente autónomo que se encargó de presentar propuestas de políticas públicas a tres expresidentes de México— la Fiscalía General de la República (FGR) alista una acción penal contra 31 exfuncionarios y exintegrantes de ese órgano.
En la causa penal 299/2021, el 24 de agosto pasado —siete días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que Conacyt si podía entregar recursos al foro— la FGR solicitó a un juez de Control en el Centro de Justicia Penal Federal de El Altiplano, Estado de México, las órdenes de captura, pero las negó por “considerar que la fiscalía no presentó elementos suficientes para llamarlos a juicio a través de una orden de captura”.
De acuerdo con exfuncionarios señalados por la FGR, que pidieron el anonimato, el juez otorgó 15 días a la FGR para subsanar deficiencias y fortalecer sus argumentos; “La investigación está en curso”, confirmaron fuentes federales que detallaron que el Ministerio Público prepara una nueva acusación para solicitar otra vez las órdenesde aprehensión.
Esta semana, los periodistas Raymundo Riva Palacio, en El Financiero, y Roberto Rock, en EL UNIVERSAL, pusieron en la escena pública este tema.
Así, la FGR va por 25 exfuncionarios —administrativos e investigadores— del Conacyt de distintos niveles que firmaron las sesiones del Consejo Técnico de Administración donde se aprobaron recursos para el foro a lo largo del sexenio anterior, así como contra seis personas del Foro Consultivo, entre ellos, los últimos tres coordinadores, dos secretarias técnicas y un abogado.
La FGR busca imputarles a esas personas los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada, porque los integrantes del Foro Consultivo supuestamente recibieron ilegalmente 50 millones de pesos por parte del Conacyt en la administración de Enrique Peña Nieto.
La acusación deriva de una denuncia presentada por Álvarez-Buylla Roces, quien afirmó que conforme a los reglamentos internos del Conacyt, no existe obligación alguna de transferir recursos al foro, pues consideró que incluso su existencia es ilegal.
Por esta denuncia, la FGR inició la carpeta de investigación FEM/ FEMDO/UEIORPIFAM-CDMX/0 000222/2021 en la que coincidió con la denunciante en que fue ilegal que el Conacyt, entonces encabezado por Enrique Cabrero, transfiriera recursos a una asociación civil como el foro.
