Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) condenaron el que el Presidente Andrés Manuel López Obrador vetara la elección de dos perfiles electos como nuevos comisionados y votaron por unanimidad por acudir por este tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Apenas el pasado 1 de marzo, en el Senado se avaló por mayoría calificada los nombramientos de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, como nuevos comisionados que ocuparían las dos vacantes del INAI para un periodo de siete años.
Esta tarde, según confirmaron Jesús Ramírez, Vocero de Presidencia, y el senador Ricardo Monreal, el titular del Ejecutivo vetó la elección.
Horas más tarde, el INAI convocó a una sesión extraordinaria a las 20:30 horas. Según se informó en el Pleno, el citar a este encuentro fue un acuerdo por unanimidad de votos.
En el único punto a discutir fue el de instruir al Secretario General de Asuntos Jurídicos, Gonzalo Sánchez de Tagle como representante legal del INAI para que interponga la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la falta de nombramiento de los comisionados vacantes.
«Hoy el Presidente de la República ejerció la facultad contenida en el artículo sexto constitucional y objetó los nombramientos referidos, en ese sentido, la ausencia de nombramientos de personas comisionadas de este Pleno podría generar vulneraciones y afectaciones a las facultades que la Constitución encomienda», advirtió.
«La falta de nombramiento de dos personas como comisionados integrantes de este Pleno desde el día primero de abril del año 2023 vulnera de manera directa el diseño institucional que la Constitución establece para este órgano con autonomía constitucional y transgrede el principio de colegialidad que lo caracteriza», agregó.
Asimismo, indicó, la inhabilitación para sesionar válidamente a su vez generaría una transgresión de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en perjuicio de los mexicanos.
«La demanda que en su momento se interponga ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se solicite la suspensión (del veto) con la finalidad de impedir que el máximo órgano de gobierno de este instituto quede inhabilitado y con ello garantizar los derechos humanos que tutelan», apuntó.
Por su parte, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, advirtió que ante la próxima salida del comisionado Francisco Acuña, que termina su gestión el próximo 31 de marzo, y la falta de reemplazo los estancaría.
«El INAI quedaría inoperante para resolver los recurso que los ciudadanos interponen ante la negativa (…) no se cierran las puertas del INAI, hay que aclararlo, la desinformación también afecta estos derechos. No se cierra el INAI, simplemente no podríamos resolver los recursos que los ciudadanos interponen», aclaró.
«Hay que decirlo con claridad; contar con órganos autónomos incompletos e imposibilitados para realizar sus funciones constitucionales afecta el sistema de equilibrios que hemos construido y digo hemos porque todos los que estamos aquí hemos participado de una u otra forma. Los mexicanos sabemos que las confrontaciones son infértiles y también debilitan los sistemas democrático, debemos apostar por la generación de acuerdos entre instituciones», agregó.
Informó que en el año 2022, el INAI atendió más de 24 mil controversias y medios de impugnación que presentaron las y los ciudadanos ante la negativa de información pública de este País por parte de entes obligados.
En seguida, Josefina Román manifestó su preocupación por el veto presidencial y señaló que se confiará en la SCJN.
«Desde este Pleno vemos con preocupación la falta de nombramiento de las personas integrantes del Pleno, que básicamente debilita la función cuasi jurisdiccional. Por todo ello estimamos que la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación evitará dejar a las y los mexicanos sin la posibilidad de ejercer estos dos derechos humanos», comunicó.
Blanca Lilia Ibarra, dice que «la casa de la transparencia vive un momento extraordinario», puesto que el próximo 31 de marzo el comisionado Francisco Acuña Llamas culminará su gestión de modo que este órgano no contaría con su quórum legal.
El veto presidencial se registra un día antes de vencer el plazo de 10 días hábiles para objetar la elección. La legislación vigente establece que, en caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores deberá nombrar una nueva propuesta.
Los nuevos aspirantes deberán conseguir el voto de las tres quintas partes del Senado para conseguir el cargo.
