Anulan prisión en casa a mamá de Lozoya con decreto de AMLO

Gracias a un tratado internacional que entró en vigor a principios de año por un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, la madre de Emilio Lozoya ya no estará sujeta a la prisión domiciliaria y podrá salir a la calle, aunque con brazalete electrónico y con vigilancia policial permanente.

Un juez federal quitó esta madrugada el resguardo domiciliario a Gilda Margarita Austin y Solís, pero le reiteró como medidas cautelares la entrega de su pasaporte, la prohibición de salir de la Ciudad de México y del País, así como las condiciones referidas en un principio, las cuales no fueron del agrado de la acusada.

En una audiencia de casi 11 horas, Gerardo Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, expuso que el cambio de medida cautelar en esencia lo fundamenta en un decreto publicado a principios de año por el Presidente López Obrador.

Se trata de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que fue incorporado al ordenamiento jurídico nacional con el decreto publicado por el primer mandatario en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 10 de enero.

Este tratado obliga a los Estados suscribientes a garantizar el derecho de los adultos mayores a la integración, una vida plena, independiente, libre de violencia y adecuado acceso a la justicia, así como preferencia en todos los ámbitos.

La Convención nunca fue mencionado en toda la diligencia ni por la defensa de la madre de Lozoya ni por la Fiscalía General de la República (FGR).

El juez también empleó para su resolución otro argumento ausente en los debates, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obliga a los impartidores de justicia a revisar la medida cautelar de los imputados cuando llevan 2 años presos, un lineamiento que también consideró aplicable para la figura del resguardo domiciliario.

Adicionalmente, expuso que habían cambiado las condiciones que en un principio justificaron la prisión domiciliaria, pues hoy Austin tiene 75 años de edad y desde el 2019, cuando fue recluida en su casa, empezaron sus problemas de salud por dislipidemia, colesterolemia e hipertiroidismo, males que anteriormente no constaban en sus registros médicos.

«Las condiciones que vemos que han cambiado son la edad, haberse detectado diversas enfermedades, bajos riesgos procesales y que ya no puede ser utilizada la medida cautelar por el tiempo que lleva en ella (), no tengo por qué esperar a que acontezca una situación de otra magnitud», expuso Alarcón en su resolución.

«No estoy dando la libertad, porque se reitera la prohibición de salir del País y la vigilancia de la policía, con la variante de que sólo pueden llevarla a cabo al exterior en forma permanente, es de las medidas menos gravosas, me parece que resultan proporcionadas y ajustadas a los riesgos».

El juez Alarcón desestimó los argumentos de la FGR para tratar de preservar la prisión domiciliaria, porque dijo que se basan en la misma información con que defendió la medida cautelar en la audiencia del 2 de noviembre de 2019, cuando la señora llegó extraditada de Alemania.

«Prácticamente me vinieron a traer la misma información de 2019, con estos datos no puedo sostener el resguardo domiciliario, sería ilegítimo», expresó Alarcón, en relación a los documentos migratorios sobre las decenas de viajes a Asia, Europa y Sudamérica de la madre de Lozoya.

La defensa acusó a la FGR de usar el estereotipo de «mujer rica y blanca» para convencer al juez de que la señora debía continuar recluida en su casa, razón por la que pidió que el cambio de medida cautelar fuera dictado con perspectiva de género.

El fiscal Manuel Granados Quiroz rechazó que haber usado el argumento de la pigmentación de la piel, ya que nunca lo mencionó en específico, y cuestionó el argumento del género, pues dijo que bajo ese supuesto todas las mujeres presas deberían de salir de la cárcel.

El juzgador fijó un plazo de tres días hábiles para que los abogados de Austin contraten a una empresa de geolocalizadores electrónicos y el personal técnico, junto con la Guardia Nacional, acudan al domicilio de la acusada en Rinconada de Santa Teresa, en Tlalpan, para colocarle el dispositivo en un tobillo. 

Sólo hasta que eso suceda, la señora podrá salir a la calle, luego de 3 años con 4 meses y 28 días de tener a su casa como una cárcel.

Alarcón es el juez que canceló hace unas semanas las pruebas clave con las que la FGR pretende enjuiciar a Lozoya por el caso Odebrecht, principalmente, documentos bancarios. 

La audiencia de la acusada estaba programada para las 13:00 horas, pero inició hasta las 15:14 horas y concluyó a las 01:37 horas de este viernes. 

Desagrada vigilancia 

Lejos de agradarle la decisión del juez, cuando ya estaba dicho el veredicto, al final de la audiencia Austin y Solís pidió la palabra para manifestarle al juez su inconformidad por el hecho de que ahora estará vigilada todo el tiempo cuando salga de su casa.

«La vigilancia me va a causar más estrés, el mismo estrés, porque voy a estar permanentemente vigilada pero, ¿qué se le va a hacer?… El hecho de que una persona me esté vigilando me parece terrible», expresó Austin.

Poco antes de que el juez se pronunciara, la madre de Lozoya había intervenido en la diligencia para expresar que ella no representa ningún riesgo para autoridad alguna.

«En 2023 cumpliré 4 años de arraigo domiciliario, después de estar en cinco prisiones de Alemania En las condiciones físicas y mentales en las que me encuentro, no represento un riesgo ni para Pemex, ni para la Unidad de Inteligencia Financiera ni el Gobierno», manifestó.

«Si me dejara salir, lo visitaría (a Lozoya) en prisión, atendería mi salud y sería un apoyo y no una carga, porque es el derecho que toda madre tiene». 

Exorcismo 

La madre de Emilio Lozoya presentó ayer a declarar en su favor a un médico psiquiatra acreditado ante el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX que, entre otros cursos, hizo uno en Roma sobre «exorcismo«.

Julio César Ayuso González, del Hospital Ángeles de las Lomas y quien desde el 2007 dice haber realizado más de 400 dictámenes y Protocolos de Estambul, fue interrogado ayer en la audiencia por la evaluación médico psiquiátrica que practicó a Gilda Margarita Austin y Solís.

Ayuso diagnosticó a la madre de Lozoya con trastorno depresivo mayor, episodio moderado; trastorno de ansiedad generalizado; y trastorno de estrés postraumático. Expuso que si continuaba la prisión domiciliaria, ella podría llegar a desarrollar síntomas de demencia, al punto de perder el contacto con la realidad, o incluso intentos de suicidio.

«Usted dijo que tomó un curso de curación y elevación del alma, exorcismo, ¡cosa que nos enchina la piel!», le dijo con sorna el fiscal Manuel Granados Quiroz. 

-«Sí», respondió serio el galeno.

El funcionario enseguida le preguntó si era relevante ese curso que hizo en la capital italiana, a lo que el especialista respondió afirmativamente.

«Pero no lo puso (en su evaluación)», le reviró Granados.

Si bien el fiscal se lanzó varias veces contra los errores de hecho o las contradicciones del dictamen, Ayuso no supo responder cuando le preguntaron si sabía cuál era la diferencia entre una vigilancia policial y una judicial.

«No lo sé, usted dígame», respondió.

«No, usted es el que debe responder preguntas, no yo», le reviró Granados.

Al final el juez Gerardo Alarcón desestimó el testimonio y el dictamen de Ayuso, porque concluyó que no era fiable, ya que el médico psiquiatra dijo que el margen de error de su evaluación era del 1 o 2 por ciento, un porcentaje que es muy bajo con respecto a otras ramas de la ciencia con más altos estándares.

«Ni siquiera en materia de genética se tienen esos porcentajes de error», manifestó el juez.

Federico Sarabia

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