La Ministra Norma Piña no participó en el nombramiento de una funcionaria menor del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), exhibida hoy por el Presidente Andrés Manuel López Obrador por haber firmado algunos contratos bajo investigación cuando laboró en la Policía Federal (PF).
Se trata de Sonia Vargas Terrero, que en abril pasado fue contratada por el CJF como directora de Área en la Dirección de Control de Nóminas, que forma parte de la Coordinación de Administración regional en la Ciudad de México.
Fuentes judiciales informaron que el nombramiento fue hecho por la Secretaría Ejecutiva de Administración del CJF, y aprobado por la Comisión de Administración de ese órgano, en la que no participa Piña.
La Comisión está integrada por dos consejeros del Poder Judicial, los magistrados Sergio Molina Martínez y Lilia Mónica López Benítez, y por Bernardo Bátiz, el consejero designado en 2019 por el propio López Obrador.
Las direcciones de Área ocupan un lugar relativamente menor en el escalafón. Para Vargas Terrero es un retroceso en relación con los puestos que ocupó en la PF en tiempos de Genaro García Luna, cuando fue directora General de Recursos Materiales y Servicios Generales, entre julio de 2008 y junio de 2011.
También fue Directora General de Enlace hasta enero de 2013, mientras que, en el sexenio pasado, fue Titular de la Unidad de Enlace Operativo y Apoyo Logístico de la PF, y nuevamente directora de Recursos Materiales, hasta junio de 2017.
Desde marzo de 2019, Vargas fue Directora de Gestión de Partes Aéreas en la Fiscalía General de la República (FGR), un puesto de jerarquía similar al que ahora ocupa en el CJF.
López Obrador mencionó cuatro contratos de la PF firmados por Vargas entre 2009 y 2011, que sumaron 71.6 millones de dólares; algunos de ellos con Nunvav, empresa vinculada con García Luna, recientemente condenado por narcotráfico en Estados Unidos.
El Presidente dijo que estos contratos están bajo investigación de la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunque Vargas nunca ha sido sancionada por alguna autoridad y la propia FGR la empleó durante cuatro años.
«Sí, están buscando ¿no?, bloquear, contrarrestar todo lo que hacemos y es ya, de manera abierta, descarada, un Poder al servicio del bloque conservador», dijo López Obrador, cuestionado sobre una supuesta protección del Poder Judicial a la funcionaria.
Agregó que el dato de la contratación de Vargas por el CJF lo recibió en la oficialía de partes de Atención Ciudadana de la Presidencia.
