Un padrón electoral desactualizado, fallas en la instalación de casillas, funcionarios sin capacitación para vigilarlas y dificultades para el conteo rápido de votos son algunos de los riesgos que acarrearía el «Plan B» en la elección de 2024.
Así lo advirtió un grupo de expertos luego de revisar la reforma electoral impulsada por el Gobierno federal.
En el documento «Radiografía del ‘Plan B’: La reforma electoral 2023 a examen», auspiciado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 27 académicos hicieron un análisis técnico de la reforma y advirtieron que daría un golpe en la certeza de los resultados de los comicios.
La elección presidencial de 2024 puede ser «una pesadilla» por los cambios del «Plan B». Desde la instalación de casillas hasta el conteo de votos están en riesgo, alertaron los académicos.
«El día de la jornada electoral puede volverse una verdadera pesadilla. No sólo habrá problemas monumentales en la logística electoral, el retroceso en la confianza ciudadana y los problemas políticos que esto conlleva serán de pronóstico reservado.
«Con la nueva estructura propuesta será muy difícil que se pueda desarrollar un Programa de Resultados Preliminares o un conteo rápido confiables. No habrá ni personal calificado ni plazos razonables para llevar a cabo simulacros que garanticen sistemas de información robustos», indica el diagnóstico, coordinado por los académicos María Marván y Javier Martín Reyes.
Por ejemplo, exponen, en las oficinas auxiliares -antes denominadas juntas distritales-, el trabajo que coordinaban cinco vocales lo supervisará uno solo, quien no tiene conocimiento total de las áreas.
Esos funcionarios tendrán el control de todo el proceso electoral, desde instalación de casillas, actualización de la lista nominal, insaculación y capacitación de funcionarios de casilla, entre otras cosas; además, deberá vigilar los módulos de credencialización, la fiscalización de partidos y llevar la administración.
El diagnóstico indica que aunque con el «Plan B» electoral se habla de ahorros por 3 mil 500 millones de pesos, no se demuestra de dónde provendrán esos fondos, como tampoco se detallan las implicaciones financieras al transformar los órganos electorales.
Al participar ayer en la presentación del estudio, la ex consejera electoral Jacqueline Peschard advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no revierte el «Plan B», el proceso electoral de 2024 se desarrollará en medio de la incertidumbre.
Presente en la conferencia, el Ministro en retiro Diego Valadés reconoció que no todo el contenido del «Plan B» podría ser declarado inconstitucional.
