El Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió este miércoles por decreto la Asamblea Nacional, y adelantó las elecciones legislativas y presidenciales, un día después de presentar su defensa en el marco del juicio político en su contra.
«Esta es una decisión democrática. He hecho uso del artículo 148 de la Constitución que me otorga la facultad de disolver la Asamblea por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo», afirmó el Mandatario en un mensaje a la nación en cadena nacional.
«No es posible avanzar, resolver los problemas de las familias ecuatorianas y los problemas de seguridad con una Asamblea que tiene como objetivo la desestabilización del Gobierno».
En el decreto, Lasso dispuso que se notifique al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que en un plazo de siete días convoque a elecciones.
El anuncio fue hecho por el gobernante en medio de un proceso de juicio político en su contra por presunto peculado que inició el martes en el Parlamento.
Lasso niega las acusaciones de que fue omiso ante la supuesta malversación de fondos relacionada con un contrato en la empresa estatal de transporte de petróleo Flopec, argumentando que su Administración hizo cambios rentables al acuerdo, que se firmó años antes de que él asumiera el cargo.
La mayoría de los legisladores respaldó una resolución que decía que Lasso permitió que continuara el cuestionado contrato, a pesar de que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea -que escuchó el testimonio de legisladores de la oposición, funcionarios y el abogado de Lasso- dijo en su informe que no recomendaba un juicio político.
Se necesitaban 92 votos de la Legislatura de 137 miembros para destituir a Lasso de su cargo. La Asamblea votó a favor de continuar con el proceso la semana pasada.
La Constitución del país consagra la llamada ‘muerte cruzada’, que permite a un Mandatario ecuatoriano convocar elecciones tanto para su puesto como para la Asamblea Nacional bajo ciertas circunstancias, incluso si las acciones de la Legislatura bloquean el funcionamiento del Gobierno.
El Mandatario ahora permanecerá en el cargo, gobernando por decreto, mientras las autoridades electorales nacionales fijan la fecha de las elecciones.
