La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, ya no puede autorizar de manera directa la realización de obras públicas sin la aprobación previa del Congreso local.
Concluyeron los ministros que dicha atribución vulneraba el principio constitucional de división de poderes, al concentrar facultades que corresponden al Poder Legislativo.
En el análisis del caso, el máximo tribunal señaló que permitir a la gobernadora autorizar obras sin intervención del Congreso implica una afectación al control democrático sobre el uso de recursos públicos.
La SCJN sostuvo que las decisiones relacionadas con infraestructura y gasto deben contar con supervisión legislativa, ya que involucran planeación, presupuesto y rendición de cuentas.
