El 8 de noviembre de 2024, Martí Batres, director general del ISSSTE, emitió un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el fin de establecer un procedimiento que asegure que las pensiones otorgadas no superen el límite máximo legal de 32,571 pesos mensuales, equivalente a 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Esta medida se implementó después de que, en junio de este año, se detectó un mecanismo ilegal que aumentaba fraudulentamente el monto de las pensiones.
Batres explicó que el objetivo del acuerdo es corregir abusos e irregularidades, permitiendo que las pensiones puedan ser verificadas en cualquier momento.
El procedimiento incluye la revisión de los documentos y la validación de los fundamentos empleados para otorgar las pensiones, con el fin de evitar asignaciones indebidas o excesivas.
El acuerdo también dispone que, si se encuentran documentos falsos o irregularidades en el proceso de otorgamiento, el ISSSTE procederá a denunciar los hechos ante el Órgano Interno de Control y el Ministerio Público federal, además de revocar las pensiones ilegales.
Esta iniciativa se originó tras los descubrimientos de junio, cuando el ISSSTE identificó un esquema de corrupción en el que participaron trabajadores en activo, exfuncionarios, abogados y la Junta Laboral Federal, que incrementaban ilegalmente las pensiones mediante laudos, lo que podría derivar en responsabilidades penales.
Como resultado de las investigaciones llevadas a cabo desde junio, el ISSSTE logró recuperar más de 887 millones de pesos a través de actos de fiscalización y procedimientos administrativos.
Además, se abrieron 207 investigaciones que culminaron en 731 sanciones a servidores públicos, 114 a licitantes y proveedores, y la presentación de 57 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
En el ámbito penal, se iniciaron 714 acciones contra empresas, se denunció a 3,233 personas y cinco individuos fueron vinculados a proceso penal. En total, el ISSSTE evitó pagos indebidos de pensiones por aproximadamente 7,153 millones de pesos y estimó un daño al erario público superior a los 15 mil millones de pesos.
El nuevo procedimiento dispone que la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE evaluará varios factores para verificar la legitimidad de las pensiones, como la entidad de trabajo del pensionado, los años de servicio cotizados, el salario base recibido, los elementos para el cálculo de la pensión inicial y los incrementos anuales aplicados.
