La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su «profunda preocupación» por la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial en México, señalando posibles impactos en el acceso a la justicia, la independencia judicial y el Estado de derecho.
La reforma, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y apoyada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, establece la elección popular de jueces y magistrados a partir de junio de 2025, tras ser aprobada por ambas cámaras del Congreso y más de la mitad de los congresos locales.
La CIDH señaló haber recibido información de organizaciones civiles y expertos sobre las posibles afectaciones a las obligaciones internacionales de México, especialmente en la independencia judicial y el acceso a la justicia. Según la comisión, la reforma contempla el cese de autoridades judiciales en 2025 y 2027 para permitir la elección popular de jueces y ministros de la Suprema Corte.
El organismo también expresó preocupación por la rapidez de los cambios y su posible impacto negativo en las garantías de idoneidad y meritocracia en la carrera judicial. Además, instó a las autoridades mexicanas a que cualquier reforma judicial se ajuste a los estándares interamericanos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, garantizando un acceso equitativo y sin discriminación a la justicia.
Frente a los conflictos y protestas, la CIDH pidió establecer mecanismos de diálogo inclusivo y llamó la atención sobre el posible impacto de la reforma en la independencia judicial, particularmente en lo relacionado con el apoyo del Ejecutivo a las candidaturas de jueces, así como el papel del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Trabajadores del Poder Judicial, en huelga desde agosto, anunciaron que llevarán el caso a instancias internacionales. Además, organismos como la ONU y Human Rights Watch, así como socios comerciales de México, han expresado preocupación por la posible interferencia del Ejecutivo y otros grupos en el proceso judicial y electoral.
