Este miércoles, activistas presentaron el quinto informe del ‘Observatorio de la Guardia Nacional y la militarización en México’, donde analizaron las políticas de seguridad y previeron un “fracaso garantizado” si la futura presidenta Claudia Sheinbaum sigue el mismo enfoque que el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
«Si la presidenta electa decide mantener las mismas políticas de seguridad, el fracaso está asegurado», afirmó el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, quien fue invitado por la organización para participar en un evento en la comisión permanente del Senado de México.
Durante el evento, que evaluó el papel de la Guardia Nacional (GN), fuerza de seguridad creada por el Gobierno de México en 2019, la presidenta de la organización Causa Común, María Elena Morera, presentó el informe.
«Hasta la llegada de López Obrador, la participación de las Fuerzas Armadas (FFAA) en seguridad y otras actividades civiles no estaba institucionalizada en México», explicó Morera, quien mencionó la asignación de responsabilidades civiles a los militares, como el control de infraestructuras públicas.
La activista denunció que la mayoría de los efectivos de la GN provienen del ámbito militar. En 2022, el 71 % de sus miembros eran transferidos del ejército, dato que, según ella, no pudo ser actualizado para 2023 debido a la limitada información proporcionada por el Gobierno.
«Nos informaron que hasta abril de este año el número de elementos es de 132,612, pero la información suele ser incompleta, incoherente o engañosa», afirmó Morera.
En cuanto al impacto de los militares en la vida pública mexicana, Morera destacó que el presupuesto de las FFAA en 2024 es catorce veces mayor que en 2020, con quince secretarías de seguridad pública estatales encabezadas por mandos militares y más de 1,200 cargos públicos ocupados actualmente por militares.
En relación con los efectos de esta militarización, Morera subrayó que, en 2022, la Guardia Nacional realizó «únicamente 2,814 detenciones en el país» con casi 130,000 integrantes.
«No hay una mayor eficacia, pero sí aumenta el riesgo de más violaciones de derechos», señaló la activista, quien mencionó la falta de capacitación de los militares para tratar asuntos civiles en comparación con los policías.
Acusaciones de opacidad y corrupción
Por su parte, el senador Álvarez Icaza criticó el escaso control ciudadano y judicial sobre la Guardia Nacional, lo que, en su opinión, puede conducir a «opacidad y corrupción».
«Tenemos 5,000 denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, incluida la Guardia Nacional», afirmó el político, aclarando que dichas denuncias provienen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo que consideró poco independiente del gobierno.
Álvarez también citó un informe de Amnistía Internacional, según el cual el 88 % de las personas detenidas por la Secretaría de Marina (Semar) reportan abusos, cifra similar a la del ejército.
«Este gobierno pasará a la historia como el que tuvo más homicidios violentos, más personas desaparecidas, más feminicidios y más periodistas y defensores asesinados», sentenció.
Entre las propuestas para revertir la situación, destacan la creación de una corporación policial federal plenamente civil, el aumento de presupuestos policiales y el diseño de un «plan de repliegue a las funciones propias de una fuerza armada».
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien tendrá una mayoría suficiente para reformas constitucionales, ya ha anunciado que fortalecerá la Guardia Nacional y promoverá su integración en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
